Desde el 20 de junio de 2025, está vigente en Panamá la Ley 473 de 2025, la cual modifica los artículos 56 y 64 de la Ley 45 de 2007, que regula las relaciones de consumo en Panamá. Esta nueva ley obliga a los comercios a mostrar los precios finales de los productos y servicios que ofrecen, es decir, el precio total que el consumidor deberá pagar, incluyendo todos los impuestos, cargos adicionales y tasas aplicables.
Esta legislación marca un hito en materia de protección al consumidor, fortaleciendo la transparencia en las transacciones comerciales y limitando prácticas que antes generaban confusión o incluso inducción a error en el cliente final. En este artículo, evaluamos el contenido legal de esta norma, su aplicación práctica, y los derechos y deberes que impone a consumidores y comerciantes.
¿Qué establece la nueva ley?
En términos generales, la normativa dispone que:
- Todos los precios exhibidos en vitrinas, etiquetas, menús, plataformas digitales, catálogos o material promocional deben reflejar el valor total a pagar.
- Está prohibido mostrar precios parciales o desglosados sin incluir el impuesto de ITBMS u otros cargos adicionales, a menos que se indique de forma clara y visible que dicho precio no es final.
- En caso de conflicto entre el precio anunciado y el cobrado, prevalecerá el precio anunciado, y el comercio deberá honrarlo.
El propósito principal es evitar la práctica de ofrecer precios «atractivos» que luego aumentan al momento del pago por cargos sorpresa o no informados con claridad.
¿Qué comercios deben cumplir esta ley?
La obligación recae sobre todo tipo de comercio, incluyendo:
- Supermercados y tiendas minoristas
- Comercios electrónicos
- Restaurantes y bares
- Empresas de servicios (transporte, turismo, telecomunicaciones, etc.)
- Venta de productos en plataformas digitales o redes sociales
Incluso pequeños negocios informales, si hacen publicidad de sus precios públicamente, están sujetos a este marco normativo.
Sanciones por incumplimiento
El incumplimiento de esta ley puede conllevar:
- Multas impuestas por la ACODECO (Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia), que pueden llegar hasta B/. 25,000 en casos reincidentes
- Cierre temporal del establecimiento comercial
- Acciones civiles por parte del consumidor en caso de perjuicio económico comprobado
- Investigaciones por publicidad engañosa, lo que puede tener implicaciones penales en casos graves
Además, el comercio infractor se expone a sanciones reputacionales, especialmente si la práctica es divulgada públicamente.
Implicaciones para el comercio electrónico
Las plataformas de e-commerce, páginas web, tiendas en redes sociales y marketplaces están obligados a:
- Mostrar el precio total antes de confirmar la compra
- Incluir todos los cargos, comisiones o tarifas de entrega
- No usar frases ambiguas como “desde B/. X.XX” sin explicar qué incluye o excluye ese monto
También deben adaptar sus sistemas de gestión de precios y facturación electrónica para garantizar el cumplimiento automático.
Derechos de los consumidores
Con esta ley, los consumidores panameños:
- Tienen derecho a saber exactamente cuánto pagarán, sin sorpresas al final de la transacción
- Pueden reclamar el cumplimiento del precio anunciado
- Están protegidos contra prácticas abusivas como precios parciales o mal intencionadamente fragmentados
- Pueden acudir a ACODECO para presentar quejas si el comercio incumple
Es importante que los consumidores documenten (con fotos, facturas o capturas de pantalla) cualquier diferencia entre el precio anunciado y el cobrado.
Recomendaciones legales para comerciantes
- Auditar etiquetas, promociones y listados de productos para asegurar que el precio que aparece es el final.
- Coordinar con agencias de publicidad, diseñadores y programadores para actualizar material gráfico y digital conforme a la ley.
- Capacitar al personal de ventas y facturación sobre cómo explicar los precios finales y evitar errores en caja.
- Mantener un registro actualizado de impuestos y cargos aplicables para cada producto o servicio.
Conclusión
La Ley 473 de 2025 exige precios finales en comercios y representa un avance tangible en la defensa del consumidor en Panamá. Al establecer reglas claras para la presentación de precios, reduce el margen para malas prácticas comerciales, mejora la confianza en las relaciones de consumo y alinea al país con estándares internacionales.
Desde el punto de vista legal, esta norma requiere un proceso de adaptación por parte del comercio formal, pero también abre una oportunidad para mejorar la relación con los clientes a través de una política de precios más clara, ética y competitiva.
Para abogados, asesores comerciales y equipos de compliance, esta nueva obligación debe incorporarse de inmediato en los procesos de revisión contractual, promociones y publicidad, para evitar sanciones y preservar la reputación de las empresas en el mercado panameño.
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